El juez ordena al presidente de Ausbanc que publique el fallo todos los días durante un mes a través de su cuenta de Twitter, desde donde difamó al portavoz de Facua.
El titular del Juzgado de Primera Instancia número 22 de Sevilla ha condenado al abogado y empresario Luis Pineda, presidente de Ausbanc, por intromisión ilegítima en el derecho al honor del periodista y portavoz de Facua-Consumidores en Acción Rubén Sánchez. El juez señala en el auto que Pineda utiliza "expresiones y comentarios vejatorios e insultantes" contra Sánchez que "evidentemente lesionan su honor" y cuya "reiteración" representa "una muestra clara de la intención de atentar contra el honor ajeno", según ha hecho público Facua en un comunicado.
Es la primera vez en España que un juez obliga al demandado a publicar el fallo de la sentencia todos los días durante un mes. Tal y como indica el fallo, tendrá que hacerlo a través de su cuenta de Twitter, el mismo medio por el que incurrió en la difamación, "mediante la transcripción del fallo en un tuit usando una herramienta creada al efecto para aumentar el número de caracteres permitidos, publicándolo durante 30 días en el horario de mañana (de 9 a 14 horas) o tarde (de 17 a 22 horas)". Además de esta medida, Pineda deberá borrar los 57 tuits objeto de la demanda y pagar 4.000 euros.
De momento, Luis Pineda no ha lanzado ninguno de estos tuits, ya que su intención es la de recurrir el fallo, según ha anunciado en un comunicado hecho público este viernes. Lo hará, según explica, cuando el Tribunal Supremo dicte sentencia firme. Pineda argumenta que la multa es "ocho veces menos de lo que pidió" el demandante. A su vez, Pineda aprovecha para elogiar la labor de Ausbanc por ser "beneficiosa en términos cualitativos y cuantitativos para ciudadanos y empresas de España", y que Facua está más preocupada "por mancillar el honor del presidente de Ausbanc que por defender los derechos de los consumidores", explica en el mismo comunicado.
La sentencia es consecuencia de una demanda interpuesta en octubre de 2013. El condenado ha acusado a Sánchez de corrupción, robo, facturas falsas y fraude fiscal con mensajes en los que acusaba a Sánchez, y a la organización que representa, de estar implicados en la trama de los ERE, el presunto fraude en los cursos de formación de Andalucía y el caso de las presuntas facturas falsas de UGT, entre otros supuestos delitos.